La llegada de un nuevo Gobierno a Brasil ha traído consigo una agenda económica liberal que abre nuevas oportunidades de negocio tanto para empresas locales como internacionales. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se enfrenta a grandes desafíos en distintos ámbitos. Y es en el sector de infraestructuras donde cuenta con más posibilidades de ofrecer noticias positivas en un periodo relativamente corto de tiempo.

Las inversiones previstas se concretan en 193 proyectos incluidos en el “Programa de Asociación de Inversiones (PPI)”.  Sólo contando con estos proyectos, en materia de transporte y logística, se esperan inversiones valoradas en 29.000 millones de dólares (R$ 111.000 millones) en los próximos años. Están en el radar, por ejemplo, concesiones de aeropuertos y de carreteras; la construcción de nuevos ferrocarriles; y la oferta de terminales portuarias. En ese último segmento, Brasil va a poner a disposición del sector privado 59 proyectos diferentes.

Estos programas para la concesión de infraestructuras no son exclusividad del Gobierno central. El Estado de São Paulo, principal centro financiero e industrial del país, busca acelerar los programas de concesión del metro de la ciudad, la renovación de las concesiones de carreteras y la privatización del Puerto de San Sebastián. En febrero, el gobernador de São Paulo, João Doria, anunció el lanzamiento de un nuevo lote de concesiones de autopistas. El plan del gobernador es entregar al sector privado 1 201 kilómetros de vías durante 30 años y obtener inversiones de casi 2.300 millones de dólares (R$ 9.000 millones).

Por otra parte, en el Estado de Minas Gerais, Romeo Zema, empresario que ha entrado recientemente en política, prepara el Plan de Movilidad Urbana. La idea del gobernador minero es poner en marcha un gran proyecto para activar la construcción del metro de la capital, Belo Horizonte, paralizado desde hace años. Mientras que el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, también quiere reactivar un proyecto centrado en la construcción de un metro en la ciudad de Porto Alegre. Wilson Witzel, gobernador de Río de Janeiro, anunció que pretende iniciar un programa de concesiones de 12 carreteras en el Estado. El plan es poner en manos de iniciativa privada 719,2 kilómetros de carreteras.

De igual manera, se debe resaltar el buen momento que vive el sector eléctrico, en el que se está impulsando la construcción de nuevas hidroeléctricas, termoeléctricas, parques eólicos y solares, y líneas de transmisión. A pesar de que la crisis económica redujo el Producto Interior Bruto de Brasil durante dos años e hizo descender la demanda de energía en un corto espacio de tiempo, la recuperación del país exigirá una mayor capacidad de producción y de transmisión.

Nueva agenda económica

La agenda liberalizadora que emergió en las elecciones de octubre de 2018 tiene como principal impulsor al «superministro» de Economía, Paulo Guedes, quien ha amasado el poder con el que contaban figuras de ministerios extintos, contando con un amplio apoyo del presidente Bolsonaro. Guedes promete reducir el tamaño del Estado, privatizando todo aquello que sea posible. Además, indicó que espera poder recaudar 20 mil millones de dólares si se llegara a activar el plan de privatizaciones de compañías gubernamentales durante 2019. Se trata de una apuesta ambiciosa que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno de traducir en votos en el Congreso el apoyo a la agenda presentada durante las elecciones del 2018. En un país con dificultades históricas para crecer económicamente, las inversiones en infraestructuras pueden traducirse en un crecimiento económico del 2 % o el 3 %, y hasta de un 4 % al año en situaciones especiales.

Demanda histórica por inversiones

Invertir en infraestructuras no es una alternativa para Brasil, sino una necesidad ante la realidad del país. Por ejemplo, en el área de transporte y logística, esencial para transportar las cosechas obtenidas por el sector de los agronegocios brasileños, el 64 % de la carga aún va dentro de camiones, un medio caro y contaminante. Por otro lado, sólo el 18 % se transporta en ferrocarriles y un 5 % en hidrovías. La infraestructura urbana de saneamiento es otro sector que requiere inversiones urgentes. En ese campo, hay diferencias abismales dentro del país, donde existen localidades con niveles de saneamiento de primer mundo y otras con indicadores similares a aquellos de los países menos desarrollados. Los siguientes datos nos permiten hacernos una idea: el 17 % de los brasileños aún no tienen acceso a agua tratada y el 38 % del agua potable que sale de las estaciones de tratamiento se pierde en la distribución y no llegan a las residencias de los brasileños. En total, el 56 % del alcantarillado no recibe ningún tipo de tratamiento.

Quién sale adelante

Los procesos de apertura a la inversión privada implican para las compañías y fondos de inversiones, nacionales e internacionales, tener que cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, es necesario conocer el escenario brasileño (político, económico y sectorial). Además, en muchos casos, las inversiones en infraestructuras necesitarán complementarse con proyectos relacionados con la gestión de la reputación. Estos abarcan desde acciones de asuntos públicos y advocacy, a presentación de credenciales para la opinión pública con el objetivo de crear un ambiente favorable a los nuevos administradores privados. Después de obtener una concesión, el siguiente paso es obtener los apoyos y las relaciones esenciales para seguir adelante con el proyecto. Iniciar un proyecto en este entorno requiere entender el contexto local y los posibles desafíos a los que se deberá hacer frente. En definitiva, Brasil cuenta actualmente con grandes oportunidades en el sector de las infraestructuras. Quien esté preparado podrá sacar réditos de las mismas.